Resumen: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Despido. Reconocimiento de indemnización por fin de contrato de trabajo por interinidad.
Resumen: Parte la Sala de que la normativa se infiere que la regla general es la rotulación de edificios calles y espacios públicos en castellano y en euskera y la excepción, que ha de ser objeto de interpretación restrictiva como toda excepción a la regla general, la rotulación monolingüe, bien en euskera bien en castellano. Dicho lo anterior, la respuesta jurídica al supuesto pasa por analizar si la denominación propuesta, Plaza de la Constitución, por la Alcaldía es o no nombre propio y por ende, si es o no traducible. Y todo ello, reiteramos, en aras a cumplir no sólo con la literalidad sino también con la finalidad de la normativa, entendiendo que la placa de una calle, plaza o espacio público ,en tanto se dirige de modo general a la ciudadanía, debe ser bilingüe. Y concluye la Sala que sobre los nombres propios, es cierto que no admiten traducción y deben rotularse con la denominación registrada, sea en castellano sea en euskera. Sin embargo, el término Constitución es un nombre común como lo son los términos ley orgánica, ley foral, decreto legislativo, decreto ley, todos ellos traducibles. Ni siquiera las denominaciones Carta Magna, Norma suprema del ordenamiento jurídico o Ley de leyes, convierten el término constitución en nombre propio.
Resumen: Trabajadora que ve extinguida la relación laboral tras haber estado concernida por un ERTE COVID fuerza mayor, impugna la resolución administrativa que le reconoce la prestación de desempleo con una duración de 600 días y cuantía inicial del 50% de la base reguladora, interesando que los días de derecho se incrementen a 720, y el importe se fije en el 70% de la base reguladora. La instancia desestima la demanda. La Sala de lo Social confirma la decisión del Juzgado, con los siguientes argumentos: La legislación especial COVID no introdujo ninguna norma especial en cuanto al periodo de ocupación cotizada determinante de la duración de la prestación, por lo que, al efecto, no se computan las cotizaciones del periodo de suspensión contractual por ERTE COVID. El derecho reconocido es una reanudación del ya causado como consecuencia del ERTE, del que se consumieron los días correspondientes en número superior a 180, de ahí que, el importe de la prestación deba fijarse en el 50% de la base reguladora.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
